Formalizar la economía no se logra declarando la guerra al efectivo. En México se ha vuelto frecuente escuchar una idea presentada como verdad absoluta: para combatir la evasión fiscal, reducir la informalidad y modernizar la economía, hay que dejar atrás el efectivo. La receta parece simple, casi mágica. Menos billetes y monedas significaría más pagos rastreables, más negocios registrados, más impuestos cobrados y, por consecuencia, más recursos para educación, salud, infraestructura y seguridad. Suena impecable en una presentación oficial, con gráficas limpias y funcionarios satisfechos. El problema, como casi siempre, empieza cuando esa teoría aterriza en la realidad mexicana.

Sí, México necesita ampliar su base tributaria. Sí, necesitamos más negocios formales y más actividad económica dentro de la ley. Sí, el país requiere más ingresos públicos para financiar servicios esenciales que hoy muestran enormes carencias. Hospitales saturados, escuelas con rezagos, policías insuficientes, ministerios públicos colapsados y ciudades creciendo sin orden no se resuelven con buenas intenciones. Requieren dinero. Y dinero bien administrado, detalle que tampoco conviene olvidar.

Pero una cosa es reconocer esa necesidad y otra muy distinta creer que el problema central es el efectivo.

El efectivo no es sinónimo de evasión. Tampoco de atraso, criminalidad o desorden automático. Para millones de mexicanos, el efectivo sigue siendo la herramienta más accesible, práctica y confiable para operar su economía diaria. Lo usa la persona que vende comida en la esquina, el plomero, la estilista, el taxista, el jornalero, la señora del mercado, el adulto mayor que no confía en aplicaciones y el trabajador independiente que cobra como puede en un entorno donde la formalidad suele ser cara, lenta y hostil.
Pensar que esas personas están fuera del sistema únicamente por preferir efectivo es no entender nada del país real.

La informalidad en México no nace del billete. Nace de un entramado mucho más profundo: trámites interminables, costos elevados para abrir y mantener negocios, inspecciones arbitrarias, corrupción administrativa, inseguridad, burocracia fiscal confusa y una sensación extendida de que cumplir cuesta mucho y retribuye poco. Si a un pequeño comerciante formalizarse le significa pagar cuotas, contratar contabilidad, enfrentar verificaciones absurdas y encima competir contra grandes empresas con ventajas estructurales, el incentivo a permanecer fuera del sistema no lo genera el efectivo: lo genera el Estado.

Además, reducir el uso del efectivo sin resolver primero la inclusión financiera puede agrandar desigualdades. No todas las zonas tienen conectividad estable. No todos tienen teléfonos adecuados. No todos confían en bancos. No todos quieren depender de plataformas que fallan, cobran comisiones o bloquean cuentas sin explicación clara. Basta una caída del sistema en quincena para recordar que la modernidad digital también tropieza, y bastante.

Eso no significa defender el inmovilismo. Los pagos electrónicos ofrecen ventajas reales: rapidez, seguridad, trazabilidad, menor manejo de efectivo y nuevas oportunidades comerciales. Las transferencias inmediatas, las terminales accesibles y los pagos automatizados pueden mejorar muchísimo la vida diaria. Yo mismo prefiero transferencias, pagos con tarjeta y cargos domiciliados para evitar filas, cambios mal dados y cajeros temperamentales. Pero una preferencia personal no debe convertirse en dogma público.

Lo inteligente no es eliminar opciones, sino ampliar opciones.

México debería impulsar la digitalización financiera, sí, pero mediante incentivos y confianza, no mediante estigmatización del efectivo. Menores comisiones, cuentas simples, educación financiera real, protección efectiva contra fraudes, mejor infraestructura digital y esquemas fiscales razonables para pequeños negocios. Si pagar digitalmente resulta más conveniente, la gente migrará naturalmente. Si formalizarse ofrece ventajas concretas, muchos entrarán voluntariamente. Así funcionan los cambios duraderos: por conveniencia, no por imposición.

También conviene decir una verdad incómoda: la evasión fiscal más costosa no siempre ocurre en efectivo. Ocurre en facturación simulada, estructuras corporativas opacas, planeaciones agresivas, empresas fantasma y despachos elegantes con aire acondicionado. Mientras se culpa al billete del tianguis, grandes fugas se diseñan con corbata y firma electrónica.

Satanizar el efectivo puede ser políticamente atractivo porque simplifica el debate. Es más fácil señalar al vendedor ambulante que reformar el sistema tributario. Más sencillo pedir pagos digitales que limpiar aduanas. Más cómodo hablar de modernización que reducir corrupción regulatoria. El efectivo se vuelve chivo expiatorio perfecto: visible, popular y sin lobby poderoso.

Formalizar la economía mexicana exige algo más serio. Exige un Estado que cobre parejo, gaste mejor, simplifique trámites, castigue la corrupción y genere beneficios tangibles para quien cumple. Cuando la formalidad conviene, la gente se formaliza. Cuando la formalidad castiga, la gente la evita.

No es declarando la guerra al efectivo como se construye un país más justo y ordenado. Es construyendo instituciones que merezcan confianza. Mientras eso no ocurra, muchos seguirán prefiriendo el billete en la mano al discurso en conferencia. Y, francamente, cuesta culparlos.