Propone Diputado Jaime Cantón Reforma para Garantizar Derecho a la Vivienda en Baja California: entre el derecho y la realidad.

En nuestro estado, el acceso a la vivienda dejó de ser una aspiración y se convirtió en una urgencia. La iniciativa del diputado Jaime Cantón Rocha para elevar a rango constitucional el derecho a una vivienda digna no surge en el vacío: responde a una crisis real, visible en calles, colonias periféricas y en el mercado inmobiliario que, desde hace años, parece jugar en otra liga.

Más de 300 mil viviendas de déficit no son una cifra técnica. Son familias que no pueden comprar, jóvenes que no pueden independizarse y trabajadores que destinan buena parte de su ingreso a rentas cada vez más altas. En ese contexto, la propuesta de pasar de un Estado que “promueve” a uno que “garantiza” el derecho a la vivienda suena, en principio, no solo lógica… sino necesaria.

Pero aquí es donde empieza el verdadero debate.

Elevar un derecho a la Constitución no lo vuelve automático. Lo vuelve obligatorio en papel, sí, pero también abre la pregunta más incómoda: ¿cómo se va a cumplir? Porque garantizar vivienda implica más que buenas intenciones. Implica suelo disponible, infraestructura, financiamiento, coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo, capacidad real de ejecución.

La iniciativa también propone frenar la especulación inmobiliaria. Y ahí toca una fibra sensible. Baja California —particularmente ciudades como Tijuana, Ensenada y Mexicali— ha vivido una presión constante sobre el precio del suelo, impulsada por factores como la cercanía con Estados Unidos, la inversión extranjera, el turismo y, en algunos casos, la gentrificación.

Regular ese fenómeno es necesario. Pero hacerlo mal puede ser peligroso.

La historia económica ha demostrado que controles mal diseñados —como topes de renta o intervenciones rígidas— pueden generar efectos contrarios: menor oferta, desincentivo a la inversión y mercados informales más caros y menos regulados. Es decir, intentar proteger el acceso a la vivienda puede terminar encareciéndola aún más.

Entonces, el reto no es menor.

El concepto de “vivienda adecuada” que plantea la iniciativa —habitabilidad, servicios, ubicación, seguridad jurídica— está alineado con estándares internacionales. El problema no es definirlo, sino hacerlo realidad en un entorno donde muchas viviendas existentes ni siquiera cumplen con esos mínimos.

Y aquí entra otro punto clave: el papel del Estado.

¿Debe construir? ¿Regular? ¿Subsidizar? ¿Coordinar con el sector privado?
Probablemente, la respuesta sea: todo lo anterior. Pero con una condición: hacerlo bien.

Porque si algo ha demostrado la política pública en México es que los programas de vivienda pueden terminar en desarrollos abandonados, casas lejos de los centros de trabajo o soluciones que no responden a la vida real de las personas.

El riesgo de esta reforma no es que sea ambiciosa. El riesgo es que se quede en el discurso.

Convertir el derecho a la vivienda en un mandato constitucional eleva la expectativa social. Y cuando la expectativa crece, también crece el costo político de no cumplir. Si no hay resultados tangibles —más vivienda, mejor ubicada, más accesible— la reforma podría convertirse en otro ejemplo de buenas intenciones que no se traducen en cambios reales.

Sin embargo, ignorar el problema tampoco es opción.

El mercado por sí solo no ha resuelto el acceso a la vivienda. Y la ausencia de regulación ha permitido prácticas que afectan directamente a quienes menos tienen. La especulación existe. La presión sobre el suelo es real. Y el acceso a la vivienda, hoy, es más difícil que hace una década.

Por eso, la discusión no debe centrarse en si el derecho existe o no. Debe centrarse en cómo se hace efectivo sin romper el equilibrio entre regulación, inversión y desarrollo.

El derecho a la vivienda no se construye en la Constitución… se construye en el territorio. Y ahí es donde se verá si esta reforma es solución, o solo otra promesa electorera.