La Suprema Corte frena a Trump, nacer en Estados Unidos sigue dando ciudadanía
Ensenada Baja California, México.- 30 de Junio de 2026. Nacer en un país también es pertenecer… Durante meses, una de las propuestas migratorias más controvertidas del presidente Donald Trump fue intentar restringir el llamado derecho de ciudadanía por nacimiento, conocido en latín como jus soli («derecho del suelo»). La idea consistía en que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encontraran ilegalmente o de manera temporal en el país dejaran de recibir automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Era una propuesta que prometía cambiar más de siglo y medio de interpretación constitucional.
Pero finalmente, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que los niños nacidos en territorio estadounidense siguen siendo ciudadanos de ese país al nacer, incluso cuando sus padres se encuentren de manera irregular o temporal en Estados Unidos. El máximo tribunal sostuvo que la Decimocuarta Enmienda protege ese derecho y confirmó el precedente histórico establecido desde 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark.
Más allá de las simpatías o diferencias que cada quien pueda tener respecto a la política migratoria de Donald Trump, esta decisión merece una reflexión más profunda.
Porque no se trata únicamente de inmigración.
Se trata del significado mismo de la Constitución.
El principio del jus soli nació para evitar que millones de personas crecieran sin una identidad jurídica clara. Después de la Guerra Civil estadounidense, la Decimocuarta Enmienda fue diseñada precisamente para garantizar que quienes nacieran bajo la jurisdicción de Estados Unidos fueran reconocidos como ciudadanos, sin importar el origen de sus padres, salvo excepciones muy específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
Trump sostenía que esa interpretación había sido demasiado amplia y que fomentaba fenómenos como el llamado «turismo de nacimiento». Por ello, al iniciar su segundo mandato firmó una orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía automática a ciertos niños nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, esa orden fue impugnada inmediatamente por organizaciones civiles, estados y familias afectadas, hasta llegar a la Suprema Corte.
El fallo representa una derrota jurídica para una de las propuestas emblemáticas de su agenda migratoria.
Pero también envía otro mensaje.
En las democracias constitucionales existen límites al poder presidencial.
Ni siquiera un presidente puede modificar, mediante una orden ejecutiva, el significado de un derecho expresamente protegido por la Constitución cuando existe una interpretación consolidada durante más de un siglo. Si ese cambio llegara a ocurrir, tendría que producirse mediante una reforma constitucional o una modificación legislativa compatible con el texto constitucional, no por decisión unilateral del Ejecutivo.
Para México, la decisión tiene un impacto especial.
Millones de familias mexicanas viven, trabajan o estudian en Estados Unidos. Cada año nacen miles de niños de padres mexicanos en territorio estadounidense. La certeza jurídica sobre su ciudadanía no sólo define su acceso a documentos oficiales, educación o servicios públicos; también influye en su identidad, sus oportunidades y su relación futura con ambos países.
Eso no significa que el debate migratorio haya terminado.
Estados Unidos seguirá discutiendo temas como el control fronterizo, las deportaciones, las visas temporales, el asilo y la inmigración irregular. La propia administración Trump mantiene otras políticas migratorias que continúan siendo objeto de litigios y debate político.
Pero una cosa quedó clara.
La ciudadanía por nacimiento continúa siendo uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense.
En tiempos donde la polarización política lleva con frecuencia a cuestionar instituciones y derechos fundamentales, la resolución recuerda un principio esencial: las mayorías gobiernan, pero las constituciones existen precisamente para proteger derechos que no deben depender del humor político del momento.
El debate sobre la migración seguirá abierto.
La discusión sobre la seguridad fronteriza también.
Pero, al menos por ahora, un principio permanece intacto:
Quien nace en Estados Unidos, bajo la protección de la Decimocuarta Enmienda, nace siendo ciudadano estadounidense.
Y esa decisión no la tomó un partido político.
La tomó la Constitución.
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