Ley antimemes, mejor que la ley alcance al poder
Hoy las redes sociales permiten que una crítica, una denuncia, una caricatura o un meme recorran el país en minutos. Y la inteligencia artificial acaba de multiplicar esa capacidad: producir imágenes, videos, textos y sátira política es ahora más rápido, barato y accesible que nunca.
Eso cambia la relación entre ciudadanía y poder.
Y precisamente por eso cualquier reforma que pueda rozar la crítica política merece ser examinada con lupa.
La llamada “Ley Antimemes” no se llama así oficialmente. Se trata de una reforma en materia de propiedad industrial cuyo polémico artículo 403 Bis fue modificado en comisiones del Senado después de las críticas. La redacción que avanzó prevé de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca o imite, a escala comercial, identidad gráfica o documentos oficiales para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito. El dictamen pasó a primera lectura y todavía debe ser discutido por el pleno del Senado.
Ese cambio es importante.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sostiene que la reforma no busca perseguir memes ni parodias, sino impedir fraudes mediante páginas o servicios falsos que se presentan como oficiales. Legisladores de oposición han respondido que la ley debería excluir de manera expresa la sátira, la parodia y el ejercicio periodístico para eliminar cualquier margen de interpretación.
Ahí está la discusión que vale la pena tener.
Porque México puede y debe perseguir la suplantación de instituciones, las estafas digitales y la piratería.
Pero también existe un principio democrático que no es menor: quienes ejercen funciones públicas están sujetos a un nivel mayor de escrutinio y crítica. Ese es precisamente el estándar que ha reiterado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y aquí aparece una paradoja mucho más incómoda.
Mientras debatimos hasta dónde puede llegar un meme, México ya tiene leyes para conductas bastante más graves.
El tráfico de influencias ya está tipificado.
El cohecho ya está tipificado.
El peculado ya está tipificado.
El enriquecimiento ilícito ya está tipificado. El Código Penal Federal incluso contempla penas de hasta 14 años de prisión en determinados casos de enriquecimiento ilícito.
Y el nepotismo tampoco es una invención pendiente: la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece expresamente que incurre en nepotismo el servidor público que utilice sus facultades para colocar en el ente público a determinados familiares.
Además, México reformó la Constitución para establecer la prohibición del nepotismo electoral.
Solo que esa prohibición será aplicable a partir de los procesos electorales de 2030.
Entonces quizá el problema más profundo no sea que falten leyes.
El problema es conseguir que las que ya existen funcionen con la misma intensidad sin importar nombre, apellido, partido, cargo, amistad o cercanía con el poder.
Si existe evidencia de cohecho, que se investigue.
Si existe evidencia de peculado, que se investigue.
Si un funcionario no puede justificar el incremento de su patrimonio, que se investigue conforme a derecho.
Si existen contratos irregulares, tráfico de influencias o utilización indebida del servicio público, que las autoridades competentes hagan su trabajo.
Y si existen pruebas de colaboración con organizaciones criminales, que sean investigadas y llevadas ante los tribunales con debido proceso.
Ni linchamientos políticos.
Ni absoluciones políticas.
Justicia.
La propia OCDE retrata una paradoja reveladora: México cumple el 89 % de los criterios normativos sobre conflictos de interés, pero solo el 56 % de los criterios de aplicación práctica evaluados por el organismo. Es decir, existe una distancia considerable entre tener reglas y hacerlas funcionar.
Ese podría ser el verdadero meme nacional:
tener leyes de sobra y justicia insuficiente.
Porque un meme puede molestar.
Una caricatura puede ser despiadada.
Una parodia puede enfurecer a un funcionario.
Una publicación puede hacerse viral en cuestión de minutos.
Pero un meme no vacía por sí mismo una cuenta pública.
No adjudica un contrato ilegal.
No desvía recursos.
No coloca familiares en la nómina.
No produce enriquecimiento ilícito.
Por eso resulta tan importante que las leyes contra el fraude digital sean precisas y que, al mismo tiempo, las instituciones encargadas de combatir la corrupción funcionen.
El Estado dispone de fiscalías, contralorías, auditorías, tribunales, presupuestos y estructuras jurídicas.
El ciudadano muchas veces dispone de algo bastante más modesto:
una pregunta,
una cámara,
una publicación,
una caricatura,
o un meme.
La discusión no tendría que ser entre permitir el fraude o permitir cualquier abuso en internet.
El desafío es más serio: perseguir al delincuente sin convertir la crítica en sospechosa.
Y mientras el Congreso perfecciona leyes para enfrentar los delitos de la nueva era digital, hay una pregunta que sigue esperando respuesta en la vieja política mexicana:
¿cuándo conseguiremos que las leyes contra la corrupción alcancen con la misma fuerza al adversario, al aliado y al poderoso?
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