México no solamente quita y niega visas, hay mucha corrupción
México no solamente quita y niega visas, hay mucha corrupción. No es una acusación retórica. El propio INM informó en 2020 que había separado de sus cargos a más de mil cuarenta servidores públicos por presuntos actos de corrupción, incluidos mandos medios, y reconoció prácticas como la venta ilegal de fichas para realizar trámites. Además, Human Rights Watch ha documentado testimonios de migrantes que denuncian extorsiones y robos cometidos por policías, agentes del INM y otros funcionarios durante su tránsito por México.
Amnistía Internacional reporta también que migrantes y refugiados en México siguen siendo obligados a realizar pagos ilegales a autoridades, grupos criminales o personas no identificadas en puntos de control migratorio, además de enfrentar extorsiones y secuestros. Y la CNDH ha acreditado casos de ingresos negados indebidamente y retenciones ilegales por parte de personal migratorio.
Migración: la vara con la que México mide a Estados Unidos también debe medirnos a nosotros
Hay una frase muy mexicana que sirve perfectamente para hablar de política exterior:
no podemos exigir afuera lo que no estamos dispuestos a cumplir adentro.
El abogado fiscalista Adolfo Solís ha colocado sobre la mesa una contradicción que merece discutirse.
México protesta cuando Estados Unidos endurece su política migratoria.
México reclama cuando hay redadas.
Protesta cuando considera arbitraria la cancelación de visas.
Exige respeto para nuestros connacionales.
Denuncia abusos en centros de detención.
Reclama debido proceso.
Habla de dignidad humana.
Y hace bien.
Lo preocupante sería que guardara silencio.
Pero entonces viene la segunda mitad de la conversación:
¿México trata con esa misma sensibilidad a los migrantes extranjeros que llegan o atraviesan nuestro territorio?
Ahí es donde el espejo comienza a incomodar.
La visa también es soberanía… cuando la expide México
Durante las últimas semanas, el retiro de visas estadounidenses a determinadas figuras mexicanas ha generado una reacción política extraordinaria.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido públicamente que algunas de esas decisiones tienen un componente político.
Ha hablado de injerencia.
Ha reclamado pruebas.
Y ha insistido en que una visa estadounidense no puede convertirse en una especie de certificado internacional de honorabilidad.
En algo tiene razón:
que Estados Unidos cancele una visa no convierte automáticamente a nadie en delincuente.
Una visa no es una sentencia.
Pero tampoco podemos olvidar otra realidad elemental.
Una visa es una autorización que un Estado soberano concede a un extranjero para solicitar ingreso a su territorio.
Y México hace exactamente lo mismo.
Nuestra Ley de Migración exige pasaporte, documentación y, cuando corresponda, visa vigente para entrar al país. Incluso desde octubre de 2023, México exige visa a determinadas nacionalidades aunque el viajero solamente pretenda hacer tránsito inmediato por un aeropuerto mexicano.
Entonces debemos separar dos discusiones.
Podemos cuestionar por qué Estados Unidos retira determinadas visas.
Podemos cuestionar si existe selectividad política.
Podemos pedir explicaciones.
Pero no podemos sostener seriamente que México tiene derecho soberano a decidir quién entra en nuestro territorio y, simultáneamente, negar que Estados Unidos posea una facultad semejante respecto del suyo.
La soberanía funciona en ambas direcciones.
Pero la discusión importante no son las visas
La verdadera discusión son las personas.
Porque detrás del pasaporte, de la visa, de una tarjeta migratoria o de un expediente del INM hay seres humanos.
Y ahí México debe ser extraordinariamente cuidadoso.
Nuestro gobierno ha elevado justamente la voz frente a la política migratoria estadounidense.
La administración de Claudia Sheinbaum ha presentado denuncias en Estados Unidos por muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE y durante operativos migratorios. México sostiene que existen casos que deben investigarse por posibles abusos, negligencia o violaciones a derechos humanos.
También ha protestado porque este año más de dos mil trescientos mexicanos fueron deportados por Estados Unidos hacia Guatemala, en lugar de ser devueltos directamente a México. Nuestro gobierno argumenta que los mexicanos tienen derecho a regresar directamente a su país.
Perfecto.
Hay que defenderlos.
Ésa es precisamente una responsabilidad del Estado mexicano.
Pero entonces aparece inevitablemente la pregunta:
¿estamos dispuestos a reconocer esos mismos derechos cuando el migrante es hondureño, guatemalteco, cubano, colombiano, venezolano, haitiano o africano?
Porque los derechos humanos no tienen pasaporte.
México también detiene y devuelve migrantes
Esto tampoco debe ocultarse.
México tiene una política migratoria.
Tiene estaciones migratorias.
Tiene procedimientos administrativos.
Tiene deportaciones.
Tiene retornos asistidos.
Y tiene miles de agentes desplegados.
El propio comisionado del Instituto Nacional de Migración informó apenas este 14 de agosto que existen más de cinco mil elementos desplegados a lo largo del territorio nacional.
El gobierno los describe como parte de una estrategia de “movilidad humana segura, humana y ordenada” y señala que realizan acciones de protección y rescate para impedir que los migrantes caigan en manos del crimen organizado.
Eso también debe reconocerse.
No todo operativo migratorio equivale automáticamente a represión.
Un Estado necesita conocer quién entra.
Necesita identificar personas.
Combatir tráfico de migrantes.
Perseguir tratantes.
Rescatar víctimas.
Detectar delincuentes.
Aplicar su legislación.
El problema no es que México tenga controles migratorios.
El problema sería exigir humanidad en Estados Unidos mientras aceptamos cualquier abuso cuando ocurre de este lado de la frontera.
Porque México también devuelve extranjeros
Los números oficiales lo confirman.
La Secretaría de Gobernación mantiene estadísticas específicas de “personas devueltas por la autoridad migratoria mexicana”, que comprenden deportaciones y retornos asistidos.
Solamente en enero de 2026 se registraron 877 eventos de devolución, principalmente de ciudadanos centroamericanos, incluyendo 364 guatemaltecos y 281 hondureños.
¿Eso significa automáticamente una violación de derechos humanos?
No.
Una devolución puede ser perfectamente legal.
Como también puede serlo una deportación estadounidense.
La pregunta democrática es cómo se realiza.
¿Hubo debido proceso?
¿La persona pudo solicitar asilo?
¿Tuvo acceso a asistencia?
¿Fue informada de sus derechos?
¿Se evaluó si devolverla representaba algún peligro?
¿Fue tratada dignamente?
Ésas son exactamente las preguntas que México hace cuando nuestros ciudadanos son detenidos en Estados Unidos.
Y son exactamente las preguntas que debemos hacernos nosotros mismos.
Ahí está la contradicción que señala Solís
No consiste simplemente en decir:
“México deporta y por eso no puede criticar a Estados Unidos”.
Eso sería demasiado simplista.
Claro que puede criticarlo.
Estados Unidos también puede criticar a México.
Las democracias deben soportar el escrutinio.
La contradicción aparece cuando cambiamos nuestros principios según la nacionalidad de la persona afectada.
Si detener durante demasiado tiempo a un mexicano es inhumano en Texas, también debe parecernos inhumano hacerlo con un hondureño en Chiapas.
Si separar familias mexicanas es inadmisible en Estados Unidos, separar familias centroamericanas debería resultarnos igualmente inadmisible en México.
Si exigimos debido proceso para nuestros connacionales, debemos garantizarlo para los extranjeros.
Si condenamos la discriminación por origen nacional, debemos hacerlo también cuando ocurre en nuestras calles.
Si reclamamos dignidad para un mexicano deportado, debemos reconocer dignidad al migrante que atraviesa Tapachula, Veracruz, Ciudad de México, Sonora o Baja California.
Ahí comienza la coherencia.
Y debemos distinguir algo: migrante no significa delincuente
Este punto es fundamental.
México tiene problemas reales derivados del flujo migratorio.
También Estados Unidos.
Hay tráfico de personas.
Explotación.
Documentos falsificados.
Crimen organizado.
Extorsiones.
Secuestros.
Personas buscadas por la justicia que intentan cruzar fronteras.
Todo eso exige vigilancia.
Pero cometer una infracción migratoria no convierte automáticamente a una persona en criminal peligroso.
La inmensa mayoría de quienes migran buscan exactamente lo que han buscado millones de mexicanos durante generaciones:
trabajo.
Seguridad.
Una oportunidad.
Un futuro para sus hijos.
Eso deberíamos entenderlo mejor que casi cualquier otro país.
Porque somos nación de origen.
De tránsito.
De destino.
Y de retorno.
México conoce las cuatro caras de la migración.
No somos solamente víctimas de la política migratoria estadounidense
Ésa es quizá la reflexión más incómoda.
Durante décadas hemos contado la historia migratoria desde una perspectiva muy sencilla:
México manda migrantes.
Estados Unidos los recibe.
Estados Unidos endurece.
México protesta.
Pero México cambió.
Hoy también somos país de destino.
Miles de extranjeros quieren permanecer aquí.
Otros atraviesan nuestro territorio rumbo al norte.
Otros son rechazados.
Otros solicitan refugio.
Otros encuentran trabajo.
Otros terminan viviendo en Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Tapachula o cualquier otra ciudad.
Y eso significa que nos convertimos en aquello que durante décadas criticamos:
un país que debe decidir quién entra, quién se queda y quién debe salir.
Ahora nos toca demostrar si nuestros discursos sobre derechos humanos eran realmente principios…
o simplemente argumentos utilizados cuando los afectados eran mexicanos.
La política exterior también necesita autoridad moral
Éste es probablemente el argumento más interesante planteado por Solís.
Para reclamarle algo a otro país no basta con tener razón jurídica.
También ayuda tener coherencia moral.
Cuando México exige respeto para sus migrantes, su voz será mucho más fuerte si puede demostrar:
“Así tratamos nosotros a los extranjeros”.
Cuando proteste contra una detención arbitraria podrá decir:
“Nosotros garantizamos debido proceso”.
Cuando cuestione una deportación podrá mostrar:
“En México cada devolución es revisada con apego a derechos humanos”.
Cuando reclame dignidad podrá responder:
“También la ofrecemos”.
Eso fortalece nuestra política exterior.
Lo contrario la debilita.
Porque ningún diplomático quiere escuchar la respuesta:
“¿Y ustedes qué hacen con los nuestros?”
La solución tampoco es abrir las fronteras
Conviene decirlo claramente.
Defender derechos humanos no significa eliminar fronteras.
No significa permitir el ingreso irrestricto de cualquier persona.
No significa renunciar al control migratorio.
No significa aceptar documentos falsos.
No significa tolerar delincuentes.
No significa permitir tráfico de personas.
México tiene derecho a controlar su territorio.
Estados Unidos también.
Guatemala también.
Canadá también.
Todos los países.
Lo que los Estados democráticos no tienen derecho a hacer es convertir el control migratorio en permiso para deshumanizar.
Ahí está la frontera verdaderamente importante.
La misma vara
México tiene toda la razón cuando exige respeto para nuestros compatriotas.
Que siga haciéndolo.
Que denuncie abusos del ICE.
Que utilice consulados.
Que presente demandas.
Que reclame investigaciones.
Que defienda a quien sea víctima de discriminación.
Que levante la voz ante Washington.
Pero al regresar a casa debemos hacernos una pregunta:
¿estamos ofreciendo aquello mismo que estamos exigiendo?
Porque la defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando solamente funciona para los nuestros.
Y la soberanía pierde autoridad cuando se utiliza como argumento dependiendo de quién controla la frontera.
Adolfo Solís ha puesto el dedo sobre una contradicción que no deberíamos resolver callándonos frente a Estados Unidos.
Deberíamos resolverla mejorando lo que hacemos en México.
No se trata de exigir menos derechos para los mexicanos.
Se trata de garantizar más derechos para todos.
Mexicanos allá.
Extranjeros aquí.
Documentados.
Indocumentados.
Migrantes.
Deportados.
Solicitantes de refugio.
Todos siguen siendo personas.
Y si México quiere reclamar con autoridad moral que Estados Unidos respete a nuestros migrantes, existe una fórmula extraordinariamente sencilla:
tratemos nosotros a los migrantes como exigimos que el mundo trate a los mexicanos.
Ésa sí sería una política exterior difícil de cuestionar.
@feeling.com.mx Mejor no me ayudes comadre…
Temas: Adolfo Solís Farías, corrupción, derechos humanos, Instituto Nacional de Migración, migración, política exterior, visas
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